Coadyuva CGE a la legalidad desde el servicio público

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La LXVI Legislatura del estado atendió la comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, quien presentó a esta Soberanía los avances que ha registrado Veracruz en transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad, cultura de la legalidad, austeridad y eficiencia en la Administración Pública Estatal (APE).

En cumplimiento de sus responsabilidades y competencias, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva y por los legisladores José Magdaleno Rosales Torres y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, recibió a la funcionaria en el Palacio Legislativo y la condujo hasta el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, donde se celebró el acto, que inició a las 10:01 horas.

Al exponer los principales logros y acciones realizadas en cuanto a la vigilancia y operación del sistema de control de la gestión pública estatal, la Contralora General dijo que el trabajo realizado en este tercer año sienta las bases para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información.

En el marco de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones, a través de sus Órganos Internos de Control (OIC) en la APE, de acuerdo con su titular, la CGE aplicó acciones con enfoques preventivo y correctivo mediante la fiscalización al ejercicio del gasto, realizó 40 auditorías a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado y determinó cien observaciones relevantes y 111 generales, de las cuales fueron solventadas 49 y 75 respectivamente.

Indicó también que, del rezago registrado al inicio de esta administración, a la fecha, se han solventado 503 observaciones de ejercicios 2005 al 2017, por un monto de siete mil 224 millones 481 mil 704 pesos, resultado del trabajo realizado por la CGE en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fiscalización a la obra pública

La Contralora informó de las 20 fiscalizaciones a la obra pública realizadas en dependencias y entidades de la APE que manejan recursos destinados a la inversión pública y de las cuales se desprenden ocho auditorías técnicas en revisiones de gabinete y de campo, 14 observaciones generales, nueve observaciones relevantes y cuatro recomendaciones. Se realizaron también 36 visitas de supervisión de obra y 27 participaciones en los procesos de entrega-recepción.

Participación en comités de obra pública

Mercedes Santoyo señaló que la CGE ha recibido 185 quejas y 207 denuncias, que fueron canalizadas a los OIC a través de la Dirección General de Fiscalización; con los comisarios públicos vigila el actuar de las dependencias y entidades de la APE de sus diferentes organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, comisiones, comités, consejos, juntas y demás organismos auxiliares.

Además, ha realizado 552 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, resultando 410 inconsistencias, de las cuales 316 ya han sido atendidas por los entes y 94 continúan en seguimiento.

Mediante los OIC –prosiguió-, la CGE participó en 790 sesiones de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenaciones de Bienes Muebles y emitió recomendaciones apegadas a la normatividad. Del total de operaciones, más de 27 mil 600 se realizaron con empresas veracruzanas y casi dos mil 900 con proveedores de otras entidades.

Asimismo, esta dependencia dio acompañamiento al Sistema de Control Interno en las 33 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Contralorías ciudadana y social

En cuanto a la participación ciudadana en actividades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites y servicios de las dependencias y entidades de la APE, han sido constituidos 562 comités con más de seis mil 300 personas.

En el mismo sentido, recibieron capacitación casi 90 personas servidoras públicas encargadas de la promoción y operación de la Contraloría Social para apoyar labores de seguimiento de más de 20 programas federales de desarrollo social.

Declaración de situación patrimonial y constancia de no inhabilitación

La Contralora precisó que, a mayo de 2021, el número de servidores públicos obligados a declarar alcanzó los 202 mil. De enero a octubre de 2021, se han recibido y procesado en el sistema Declaranet Plus un total de 202 mil 545 declaraciones, de las cuales 18 mil 640 se generaron por inicio de funciones, mil 612 por conclusión de servicio y 182 mil 293 de modificación de situación patrimonial. A octubre de 2021, se reportan 203 análisis de evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y exservidores públicos.

A efecto de que las dependencias y entidades tengan certeza jurídica al contratar personal, dijo también, la CGE expide la Constancia de No Inhabilitación o, en su caso, de Registro de Sanción. A octubre pasado, ha emitido 32 mil 893 constancias.

De enero a octubre de 2021, esta instancia, informó su titular, ha emitido 69 resoluciones, y de éstas, 30 inhabilitaciones sin sanción económica, dos sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, una amonestación, dos apercibimientos y 33 resoluciones fueron absolutorias.

Ética pública y capacitación

La contralora Mercedes Santoyo dio a conocer que, mediante la Unidad de Ética y Capacitación, fueron publicados en la página web de la CGE 17 Códigos de Conducta de dependencias, 22 de entidades y ocho de institutos tecnológicos, universidades, politécnicos y colegios, actualizando así 47 Códigos de Conducta.

En este año, la Contraloría ha capacitado a los servidores públicos de la APE en: Principios y Valores Éticos, Vocación de Servicio Público, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos, Herramientas de Control, Estructuras Orgánicas, Elaboración de Manuales Administrativos, Bitácora Electrónica de Obra Pública (BESOP), Plataforma Compranet, Contraloría Social y Ciudadana, Sensibilización para la Aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado de Veracruz y Combate a la Corrupción a través del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Además, la CGE ha actualizado a mil 042 personas servidoras públicas en: Cédula de Seguimiento a las Acciones y Programas Públicos para Incorporar la Perspectiva de Género y de Niñez y Adolescencia, ABC de Género, Lenguaje Incluyente y No Sexista en la APE, Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, y Sensibilización en conductas de hostigamiento y acoso sexual.

En continuidad de lo anterior, ha impartido capacitaciones, talleres, videoconferencias, visitas y mesas de trabajo a más de mil 400 personas servidoras públicas en temas como Cero Tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en la APE.

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

La también Coordinadora Regional de la Zona Centro-Golfo-Istmo ante la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, informó del cumplimiento dado a las 72 acciones del Programa Anual 2021 de esta instancia, la cual ofreció siete capacitaciones a personas servidoras públicas de la CGE.

Colaboración Invedem

Por último, Mercedes Santoyo Domínguez dio cuenta de que, como parte del convenio de colaboración y coordinación celebrado entre la CGE y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), se impartió a autoridades municipales electas el curso Control Interno y Responsabilidad de los Servidores Públicos Municipales en el Proceso de Entrega-Recepción 2021, donde se trataron temas referentes al Control Interno, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Proceso de Entrega y Recepción. Esto en las ciudades de Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos.

Participaciones

Concluida la exposición de la Contralora, la diputada Rosalinda Galindo Silva cedió el uso de la palabra a los diputados y diputadas José Magdaleno Rosales Torres (Morena), Marlon Eduardo Ramírez Marín (PRI), Citlali Medellín Careaga (PVEM), Ruth Callejas Roldán (Movimiento Ciudadano) y Juan Enrique Santos Mendoza (Fuerza por México), quienes expusieron sus cuestionamientos relacionados con las estrategias para lograr el incremento del número de declaraciones patrimoniales de interés, la designación de los responsables de los OIC en dependencias y la explicación del concepto “devengado-no pagado” en lo que respecta al subejercicio.

También, los montos reintegrados por dependencias que no lograron ejercer los recursos en el término que marca la ley, programas presupuestarios evaluados en materia de resultados de impacto, casos de nepotismo y acoso sexual en la APE e incumplimiento del convenio por parte de Sefiplan para el pago a municipios.

Así también, la simplificación de trámites administrativos, sanciones a servidores públicos que caen en subejercicio, acciones para promover el respeto a funcionarias por razón de género, implicaciones para quienes quebrantan el nuevo Código de Ética y las medidas aplicadas a quienes no presentaron o tienen anomalías en su declaración patrimonial.

En la segunda ronda, participaron las diputadas Anilú Ingram Vallines (PRI), Maribel Ramírez Topete (Movimiento Ciudadano) y Perla Eufemia Romero Rodríguez (Morena), quienes abordaron temas respecto a la investigación e implicaciones para los agresores sexuales, sanciones para quienes comenten violencia política por razón de género y el seguimiento, por parte del OIC de la Secretaría de Salud, en el caso de los datos curriculares y profesionalización de los médicos cubanos denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis).

Aunado esto a la relación con el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), integración de los expedientes turnados a esta instancia, el presupuesto asignado a la CGE, seguimiento a la contratación de insumos o servicios a empresas veracruzanas, irregularidades halladas en dichos procedimientos y las medidas de solventación.

A las 12:43 horas, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, agradeció la presencia de la servidora pública y, acto seguido, concluyó la comparecencia.

 

 

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