Acto de justicia social, garantizar las becas a adultos mayores, discapacitados y estudiantes: Ana Miriam Ferráez

Aplaudió la Sesión Extraordinaria del Congreso, por avalar el elevar a rango constitucional los programas sociales en beneficio de los más vulnerables.

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Xalapa, Veracruz.-

“Justicia social es lo que hoy desde el Congreso del Estado de Veracruz, las y los diputados logramos consolidar, con la aprobación de la reforma al artículo cuarto Constitucional el garantizar la entrega de apoyos económicos para adultos mayores, niños con discapacidad, así como becas para estudiantes, además de salvaguardar el derecho a la salud”, afirmó la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno.

Este jueves, señaló que en la Sesión Extraordinaria de la LXV Legislatura local, donde se abordaron temas relevantes para la vida de las y los veracruzanos, por ejemplo, el Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad, que se eleven a rango constitucional los programas sociales del Gobierno de México.

Con ello, dijo, cada año se garantizará el derecho de gozar de una pensión económica que contribuya a elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores y de las niñas y niños con discapacidad, así como también el acceso de los jóvenes de escasos recursos a una beca que les permita continuar sus estudios, desde primaria hasta universidad.

“Lo más importante es que en la Constitución hay, desde hace tiempo, derechos que son artículos muertos: el derecho a la salud se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizar al pueblo ese derecho porque puede haber enunciados pero no se cumplen, no se llevan a la realidad. Hoy, uno de los transitorios aprobados consiste en garantizar que estos derechos nunca tendrán una disminución en el presupuesto”, expresó.

Esto –resaltó- es un acto de justicia, es impulsar el bienestar, esto es apoyar al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más vulnerables.

Se trata de un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar en nuestro país, siendo muy importante por ser una reforma constitucional con la cual se garantizará año con año, la obligación de fijar presupuestos progresivos para estos programas.

 

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